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Perspectives

Hacia un nuevo contrato social sobre la privacidad y seguridad digitales

Sunday, 26 April 2015 Manolo Palao Posted in iTTi Views

La Global Commission on Internet Governance  (GCIG) ha publicado este mes de abril "Toward a Social Compact for Digital Privacy and Security"[i], un importante documento de 29 páginas que —al considerar necesario restaurar la perjudicial erosión de confianza a que ha conducido la falta de un amplio acuerdo social sobre normas que regulen la privacidad y seguridad digitales— propone que todas las partes interesadas colaboren en la adopción de normas para un comportamiento responsable en el uso de Internet. 

Considera esencial que los gobiernos —en colaboración con todas las demás partes interesadas— adopten las medidas para restablecer la confianza en que la privacidad de todos se respeta en Internet y se proteja a personas físicas y jurídicas tanto de terroristas y cibercriminales cuanto del abuso por gobiernos y empresas en la recolección y utilización de datos privados.

El establecimiento de ese contrato social debe conducir a un compromiso global de seguridad colaborativa y privacidad, que ponga coto a las actuales largas y super-politizadas negociaciones.

Ese contrato social debería sustentarse en nueve dovelas:

1. Los gobiernos y otras partes interesadas, actuando tanto en sus propias jurisdicciones cuanto coordinadamente, deben proteger los derechos humanos fundamentales (incluyendo los de privacidad y protección de datos personales). 

2. La intercepción de comunicaciones en Internet y la recogida, análisis y uso de datos por las agencias policiales o de inteligencia debiera ser para fines claramente especificados a priori, autorizados por la ley (incluso la internacional de derechos humanos) y ajustados a los principios de necesidad y proporcionalidad.

3. Las leyes en concreto deberían ser públicamente accesibles, claras, precisas, completas y no discriminatorias, transparentes para individuos y empresas y tramitadas abiertamente. Debiera haber mecanismos robustos e independientes que aseguren la responsabilidad y el respeto de los derechos, cuyos abusos debieran ser corregibles y brindar remedio efectivo a los individuos cuyos a quienes hayan visto violados sus derechos por vigilancias ilegales o arbitrarias.

4. Las entidades que transmiten y almacenan datos usando Internet deben asumir más responsabilidad en la protección de datos ante ataques; y los usuarios (tanto los de pago cuanto los de los servicios llamados “gratuitos” debieran conocer y tener alguna opción sobre la totalidad de los usos comerciales de sus datos, sin por ello quedar excluidos del uso de software o servicios habituales para la participación en la era de la información. Tales entidades debieran también mostrar responsabilidad y ofrecer reparación en caso de una violación de seguridad.

5. Hay que revertir la erosión de la confianza en Internet causada por un mercado opaco que recoge, centraliza, integra y analiza ingentes cantidades de datos privados —una especie de vigilancia privada, al socaire de ofrecer un servicio gratuito.

6. Independientemente de la tecnología de comunicaciones, éstas deben considerarse privadas, entre las partes, de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Debiera ser misión del gobierno reforzar la tecnología de la que dependen Internet y su uso; y no el debilitarla. 

7. Los gobiernos no debieran crear o pedir a terceros que creen “puertas traseras” para acceder a los datos, lo que supondría una debilitación de la seguridad de Internet. Debieran estimularse los esfuerzos de la comunidad técnica de Internet para incorporar a las normas y protocolos de Internet soluciones de mejora de la privacidad, incluso el cifrado —de cabo a rabo— de datos en reposo o en tránsito. 

8. Los gobiernos —en colaboración con los técnicos, las empresas y la sociedad civil— deben educar a sus públicos en buenas prácticas de ciberseguridad. Deben también colaborar en la mejora global de la formación y desarrollo de la fuerza de trabajo del software, para estimular la creación de redes más seguras y estables en derredor del mundo. 

9. La naturaleza transfronteriza de muchas formas significativas de ciber-intrusión limita la capacidad del estado que es blanco de la misma de prohibir, investigar y perseguir a los responsables de dicha intrusión. A fin de limitar las amenazas, y disuadir ataques futuros, los estados han de coordinar respuestas y prestarse asistencia mutua. 

* * *

[i]http://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/field/field_document/20150415GCIG2.pdf  

 

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